México

El gobierno federal construyó el proceso de formulación de la NDC, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y se formuló con base en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 2013 y el análisis potencial de acompañamiento y aprobación de mitigación de diferentes medidas identificadas de manera conjunta con los actores de los sectores correspondientes. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático estuvo encargada de su discusión y aprobación.

El proceso de formulación de la NDC incluyó la participación pública mediante reuniones con organizaciones del sector privado, sociedad civil y academia; así como con cámaras industriales; y una encuesta a través de un cuestionario en el que participaron más de mil representantes del sector público, privado, académico y organizaciones de la sociedad civil.

México elaboró una Ley General de Cambio Climático, que detalla el marco institucional, legal y de financiamiento para avanzar hacia una economía baja en carbono, especificando las responsabilidades de la federación, entidades federativas y municipios; y estableciendo el compromiso de reducir, al 2020, un 30% de sus emisiones de GEI con respecto a la línea base, y una reducción de 50% para 2050, en comparación con el 2000. Dada la alta vulnerabilidad del país a los impactos del cambio climático, la Ley pone énfasis en priorizar e implementar medidas de adaptación. Finalmente, la Ley crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como diversos instrumentos de política pública, entre ellos, el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y su reglamento, que permitirá compilar la información necesaria en materia de emisión de gases efecto invernadero de los diferentes sectores productivos.

El Gobierno Federal diseñó y actualmente implementa la Estrategia nacional de cambio climático Visión 10-20-40, instrumento de planeación que rige y orienta la política nacional, estableciendo una ruta para las prioridades nacionales. Mediante ejes estratégicos y líneas de acción orienta las políticas de mitigación y adaptación, establecidas en la Ley General y fomenta la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. Tras su publicación, México elabora el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), instrumento que define el actuar a corto plazo del Gobierno Federal, tanto en materia de reducción de emisiones como en la preparación y respuesta ante eventos extremos del clima. El PECC establece los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados, y estimación de costos, de acuerdo con la Estrategia nacional de cambio climático.

Adicionalmente, estableció el Fondo de cambio climático, cuyo objetivo es captar y canalizar recursos financieros, públicos y privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de las acciones, priorizando la adaptación.

Con la presentación de su NDC, y entrada en vigor del Acuerdo de París, en 2018, México actualiza su Ley. Además, elabora su Estrategia de Cambio Climático al 2050, instrumento que orienta la política nacional para enfrentar los impactos del cambio climático y el logro de una economía baja en carbono en el mediano y largo plazo.

Con la reforma de la LGCC, la ENCC también se encuentra en proceso de revisión y actualización para integrar la visión de México al 2050 contenida en la Mid Century Strategy (MCS), así como la visión de la nueva administración.

La entrega de la MCS marcó el inicio temprano de la implementación del Acuerdo de París, al dar cumplimiento a uno de los compromisos asumidos en el artículo cuatro (4) del propio Acuerdo. Se elabora el Programa especial de cambio climático (PECC), 2019- 2024, el que incluirá las acciones en materia de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático a ser implementadas por el Gobierno Federal.

Se elabora también la Política nacional de adaptación (PNA), cuyo objetivo es definir la ruta de implementación de la NDC en este ámbito. Este instrumento prevé integrar un enfoque territorial, y desarrollar y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación para fortalecer la transparencia de los avances en el cumplimiento de la NDC.

En el documento Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 se menciona la expectativa de participación de los distintos sectores para alcanzar las metas de las contribuciones de México. Desde los sectores energético e industrial se espera que, al 2030, se generen 43% de energía limpia, así como sustituir los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y/o biomasa en la industria nacional. Por otro lado, desde el sector transporte se ha planteado incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios, así como impulsar el transporte multimodal de carga y pasajeros. Por el lado del sector urbano se espera impulsar la construcción de edificaciones con estándares de eficiencia energética y bajo en carbono, así como recuperar y usar el metano en los rellenos sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Finalmente, desde el sector forestal y agropecuario se espera alcanzar la tasa cero de deforestación en el 2030, recuperar pastizales y promover biodigestores en granjas agropecuarias.

Para lograr la coordinación efectiva de los tres órdenes del gobierno y la concertación entre los sectores público, privado y social en cuanto al cambio climático, el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) reúne a todos los miembros de la CICC, la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, el C3 Consejo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 32 entidades locales, asociaciones municipales y el Congreso. En él participan también los sectores académico, social y privado, en el diseño de estrategias de corto, mediano y largo plazo, orientadas hacia una política incluyente, una economía baja en carbono, una sociedad y ecosistemas resilientes.

Los estados deben apoyarse en los gobiernos locales, donde se ubican las zonas metropolitanas y grandes ciudades, que son la base territorial donde se implementan, desarrollan y deciden las acciones para el crecimiento y desarrollo, con efectos graves en materia de cambio climático. Es necesario impulsar ciudades innovadoras, donde se realicen acciones de mitigación y adaptación para que tengan una intervención directa y activa en los compromisos de la NDC. Para ello, el gobierno federal debe apoyar y acompañar a los gobiernos subnacionales.

Las metas de la NDC están dirigidas a las entidades federativas del país, pero su cumplimiento exige una coordinación y alineación entre los gobiernos estatales y locales, que permita compartir acciones e información, reportarlas a la federación y contabilizarlas dentro de los compromisos y objetivos firmados en el Acuerdo de París.

Los gobiernos estatales y municipales han de adoptar un papel activo en la forma de aprovechar sustentablemente el territorio, implementando acciones que contribuyan a modificar los patrones de producción y consumo, a generar políticas de mitigación y de adaptación con un enfoque transversal, integral y de largo plazo. Así podrán construirse coaliciones que hagan posibles cambios al interior de la sociedad, consoliden nuevos mecanismos de desarrollo bajos en emisiones, promuevan el fortalecimiento de actores institucionales, redefinan los derechos y las responsabilidades legales y contribuyan a cambiar los paradigmas dominantes y las expectativas de la sociedad a fin de hacer posibles metas más ambiciosas, que efectivamente reduzcan los efectos del cambio climático.

México cuenta con una población creciente y cada vez más plural y dinámica; la formación y el conocimiento que reciban los ciudadanos les permitirá ejercer sus derechos plenamente, conocer sus responsabilidades y ser capaces de tomar decisiones bien informadas y fundamentadas.

Es por esto, que las políticas climáticas desarrolladas en los últimos cinco años han considerado procesos de participación social como talleres presenciales, encuestas en línea, mesas de trabajo especializadas con participación de representantes de organizaciones del sector social, privado y académico.

Los insumos obtenidos de estas reuniones sirvieron para la construcción, orientación y priorización de medidas contenidas en la NDC de nuestro país. Asimismo, la NDC fue sometida a consideración del Consejo de Cambio Climático, entidad conformada por expertos representando a los sectores antes mencionados, facultados para emitir recomendaciones sobre el rumbo de la política nacional de cambio climático.

Actualmente, se trabaja en el desarrollo del Sistema de información y acciones para la transparencia en su componente NDC (SIAT-NDC), el cual integrará información sistematizada sobre el avance de la política climática a niveles nacional, estatal y municipal, e incluirá información de los sectores, social, académico y gubernamental, con la finalidad de abonar a las actividades de transparencia en el marco del artículo 13 del Acuerdo de París y del componente como parte de la NDC. En este proceso se contó con la participación social de miembros del sector público, privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil, mediante una encuesta en línea.

México, a través de su Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), evaluó los costos de la instrumentación de las NDC, se definieron las rutas óptimas de costos y se reforzaron las capacidades institucionales para analizar diversos aspectos económicos relacionados. La definición incluyó:

• Análisis de costos desagregados por cada medida y sector.
• Diálogos público-privados (DPP) con representantes de los sectores para apoyar la definición e instrumentación de medidas de mitigación.
• Análisis de criterios sociales y de co-beneficios que se vinculan con las metas de desarrollo sostenible. Parte del desarrollo de esta estimación de costos incluyó la interacción con instituciones ejecutoras y financieras para incluir criterios contables en su elaboración.

Para avanzar en las actividades encaminadas al cumplimiento de la NDC, SEMARNAT e INECC estimaron el costo de inversión asociado al cumplimiento de las actividades de mitigación de los ocho sectores incluidos en la NDC (transporte, industria, generación de energía eléctrica, petróleo y gas, agropecuario, residuos, residencial y uso de suelo). De este ejercicio, se estimó un monto de inversión de entre 120 y 130 millones de dólares en 15 años, para lograr la meta de reducción del 22% de GEI (INECC, 2018).

A continuación se presenta la estrategia de financiamiento del país para el sector público, privado y cooperación internacional.

Público: Banca de desarrollo (FONADIN)

• Presupuesto público.
• Bonos verdes (green/ climate bonds).
• Fondo para el Cambio Climático (FCC).
• Impuesto al carbono.
• Reforma a subsidios a combustibles fósiles.

Privado: Banca comercial

• Bonos verdes (green/ climate bonds).
• Mercado de carbono.
• Seguro para riesgo catastrófico climático.
• Inversión en activos y gasto operativo.
• Préstamos.
• Equity.
• Índices de sustentabilidad en mercado accionario

Cooperación internacional; asistencia oficial para el desarrollo, fondos mixtos donaciones en especie, cooperación triangular.

Con el propósito de facilitar una transición hacia tecnologías bajas en carbono, que contribuyan al cumplimiento de las metas nacionales de la NDC, se trabajó en el desarrollo del Acelerador de inversiones para proyectos emblemáticos de cambio climático. Con esto, fue posible establecer vínculos públicoprivado que den certeza de la viabilidad económica y ambiental de diversos proyectos con alto potencial de mitigación de emisiones de GEI. Asimismo, se trabaja en el diseño de una estrategia nacional de financiamiento climático para contribuir y orientar el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de mitigación y adaptación, potenciar los esfuerzos y recursos y evitar duplicidades en la elaboración y ejecución de acciones y proyectos en materia climática. La Ley General de Cambio Climático crea el Fondo para el Cambio Climático (FCC) que canaliza proyectos de financiación públicos, privados, nacionales e internacionales que simultáneamente contribuyan a las acciones de adaptación y mitigación, como apoyar acciones a nivel estatal, proyectos de investigación e innovación, desarrollo tecnológico y transferencia, y la compra de Reducciones Certificadas de Emisiones (CER).

Desde su creación (noviembre de 2012), el FCC ha apoyado 30 proyectos por un monto aproximado de 183 millones de pesos para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, el FCC se acreditó como entidad donataria autorizada para emitir comprobantes deducibles de impuestos, además de iniciar gestiones para recibir aportes internacionales en apoyo al cumplimiento de las metas de la NDC. Por otra parte, a partir de 2013, el Presupuesto de egresos de la federación cuenta con el Anexo transversal en materia de cambio climático, el cual integra los programas presupuestarios dirigidos a la mitigación y adaptación del Gobierno Federal en materia de cambio climático.

En 2016, el FCC lanzó una convocatoria para identificar y preparar un portafolio de negocios para impulsar el crecimiento verde bajo en carbono. Se identificaron once (11) proyectos, de los cuales tres cuentan con potencial para ser presentados para financiamiento del Green Climate Fund y el resto para otras fuentes de financiamiento.

Asimismo, y como primer resultado del acelerador de inversiones, hasta el momento se han analizado proyectos cuyo valor de inversión ronda los 300 millones de dólares.

México cuenta con financiamiento del GCF en dos proyectos. El Low-emission climate resilient agriculture risk sharing facility for MSMES se enfoca tanto en adaptación como mitigación, y cuenta con una inversión total de USD 158.0 millones. Se está financiando también el proyecto Geeref next enfocado en la mitigación, el cual tiene una inversión total de USD 765.0 millones en más de 20 países, incluyendo México.