La implementación de la Ley del Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET) permitió aunar actores del gobierno municipal con el central, para planificar e implementar el desarrollo metropolitano, integrando la adaptación y mitigación del cambio climático.
El Plan inicial de adaptación al cambio climático en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) se generó con el apoyo de PNUD y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El plan inicial fue entregado a los organismos de planificación correspondientes y luego, en su etapa de seguimiento, se desarrollaron talleres con representantes técnicos de los municipios, el gobierno central y la sociedad civil. Finalmente, se abrió una consulta en línea para crear las medidas de adaptación que podrían ser promovidas en el Área Metropolitana de San Salvador.
La ciudad de San Salvador también ha desarrollado el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), en funcionamiento desde el 2015. Sin embargo, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió su funcionamiento, respondiendo a una demanda de inconstitucionalidad que aún no se resuelve.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsa el Programa nacional de restauración de ecosistemas y paisajes, que tiene un enfoque de mitigación basada en la adaptación. Con una meta de restauración de un millón de hectáreas, se organiza en tres ejes estratégicos: la restauración, reforestación y conservación inclusiva de ecosistemas críticos; la restauración de suelos degradados, a través de la arborización de los sistemas agrícolas, la adopción de sistemas agroforestales resilientes y el desarrollo de una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático; y el desarrollo sinérgico de la infraestructura física y la infraestructura natural.
El programa adopta un enfoque de paisaje y restauración altamente participativa. Con información actualizada sobre la cobertura arbórea y el uso de suelo, los actores relevantes de los paisajes han identificado las prioridades que definen la factibilidad social, económica y ecológica y el alcance total de la oportunidad de restauración en el país. Además, la iniciativa provee una evaluación financiera y económica de las acciones de restauración propuestas y constata que cumplan la condición costo beneficio, con rentabilidad y beneficios ambientales y sociales, a los cuales se da seguimiento bajo un sistema holístico de monitoreo.
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